Cristina Parrilla, concejala de IU CM Los verdes presenta una proposición sobre ILP de vivienda.
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR MADRILEÑA
Exposición de Motivos
1.
Actualmente, en nuestra Comunidad, nos encontramos ante una verdadera
situación de emergencia habitacional, consecuencia de un problema
estructural de fondo. La contradicción "Casas sin gente, gente
sin casa" en Madrid es evidente. Existen cientos de miles de
viviendas vacías en manos de grandes tenedores y cientos de miles de
personas privadas del acceso a una vivienda estable y asequible. A ello
se suman las miles de familias sobreviviendo en precario, amenazadas por
el desalojo y abocadas a una situación de exclusión social. Garantizar el
acceso a una vivienda digna y adecuada es una obligación de las
Administraciones Públicas y diseñar el procedimiento para conseguirlo es
competencia de la Comunidad de Madrid. Favorecer este proceso es una
responsabilidad de todos los actores sociales implicados.
2. El
derecho a una vivienda digna y estable se reconoce en la Constitución
Española y los Tratados Internacionales pero resulta hasta el
momento ser una mera declaración de intenciones debido a la
falta de desarrollo legislativo de los sucesivos gobiernos. La
vivienda no es una mercancía de lujo sino un Derecho Humano que debe ser
protegido, garantizado y promovido por los poderes públicos. De esta
forma, deben ser las instituciones quienes, desde la acción política,
proporcionen los recursos necesarios para la creación de un parque de
vivienda pública y social suficiente para que este derecho sea real,
exigible y justiciable. Es hora de dar el salto de las palabras a los
hechos.
3.
Mientras convivimos a diario con desalojos de vivienda, a falta de
legislación protectora de los ciudadanos, aceptar el acaparamiento de
cientos de miles de viviendas vacías por parte de las entidades
financieras sería avalar la lógica de la especulación inmobiliaria.
Quienes tienen una especial posición de predominio en el mercado, capaz
de llevarnos a una crisis globalizada, gozan de una influencia que ha servido
de excusa al antidemocrático rescate de la banca con fondos públicos.
Este papel social privilegiado de los bancos debe conllevar una especial
responsabilidad a la hora de cumplir sus deberes de conservación y
convivencia, instaurando los mecanismos idóneos para restituir la deuda
social que ostentan frente a la ciudadanía. Desde esta perspectiva, los
desahucios sin alternativa habitacional y la vivienda vacía se
constituyen como verdaderos usos antisociales de la propiedad.
4.
Apenas el 1% de la vivienda de Madrid se destina a vivienda pública; una
cifra que habla por sí sola ante los 300.000 demandantes y que, además,
se ha visto mermada por las cerca de 5.000 viviendas malvendidas a fondos
buitre. Frente a cifras de más de 4.700 solicitantes de vivienda pública
por especial necesidad en 2016, la Comunidad sólo dispone de 163
alojamientos, con listas de espera que se alargan más de diez años.
Necesitamos mejorar los niveles de disponibilidad de vivienda social para
responder a la necesidad general, priorizando el uso frente a la
especulación. Es necesario equiparar nuestro modelo a los estándares de
nuestro entorno europeo: Francia, 17 por ciento; Holanda, 34 por ciento.
5. Es
hora de entender la vivienda como el bien de especial naturaleza que es.
Para defender el derecho a la intimidad o los derechos de la infancia, se
hace necesaria una defensa integral del hogar. La administración debe
garantizar la protección de los consumidores en materia de vivienda,
centralizado en una Agencia única que atienda sus reclamaciones frente a
los abusos de prestamistas y arrendadores que impongan su máximo lucro
frente a los derechos de todas. Para garantizar el derecho a la vivienda
es imprescindible implantar el sistema que permita resolver las consultas
y denuncias de la ciudadanía, prevenirlas prácticas abusivas y lograr que
se corrijan, sancionando la vulneración de derechos de los consumidores
en materia de vivienda.
6. El
acceso a los suministros básicos es un derecho tan básico y vital como el
sustento alimentario o el abrigo. Los poderes públicos no agotan su
obligación asegurando un techo a las familias de la Comunidad, sino que
el hogar deberá estar provisto de aquellos suministros que garanticen el
agua, el calor y la electricidad. Todos los recursos que son necesarios
para mantener la habitabilidad de los inmuebles y la dignidad de las
personas.
Por
todo ello instamos a este Ayuntamiento a que se posicione a favor de la
Iniciativa Legislativa Popular presentada en la Asamblea de Madrid el
pasado 16 de Febrero con el nombre de ´Ley Urgente del Derecho a la
Vivienda en la Comunidad de Madrid´. Este posicionamiento se reflejará
activamente en todos los ámbitos de participación donde la voz y el
voto de este Ayuntamiento sean tomados en cuenta en materia de vivienda.
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