El partido popular de San Fernando de Henares presenta una proposición al pleno de octubre de apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Dña.
María Pérez Suárez, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Excmo.
Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de Henares, al amparo de lo
establecido en el artículo 97 del ROF, presenta la siguiente Proposición
relativa al apoyo y respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
como garantes del Estado de Derecho.
EXPOSICIÓN
DE MOTIVOS
Desde el pasado día 20 de septiembre,
fecha en la que se ordenó por parte del Juzgado de Instrucción nº 13 de
Barcelona la práctica de diligencias de entrada y registro en distintas
consejerías y organismos técnicos de la Generalitat de Cataluña, y hasta el
domingo 1 de octubre, día en que se trató de celebrar el referéndum ilegal
prohibido por el Tribunal Constitucional, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado han sido objeto de un acoso constante con la finalidad de impedir a
sus agentes el legítimo ejercicio de sus funciones.
Toda la sociedad española ha sido
testigo a través de los medios de comunicación del enorme clima de hostilidad y
de los numerosos ataques que han sufrido los miembros de la Policía Nacional y
la Guardia Civil por el simple hecho de realizar su labor y defender el Estado
de Derecho. Durante estos días, todos los ciudadanos han podido ver cómo los
manifestantes les han insultado e incluso agredido, cómo han destrozado sus
vehículos, cómo les han rodeado durante horas para bloquear
sus salidas, cómo han informado a través de medios de comunicación de la
Generalitat de sus movimientos dentro del territorio de la Comunidad Autónoma
catalana con la finalidad de delatarles y señalarles. Hechos que han motivado
que la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentara una denuncia por sedición
al considerar que serían constitutivos de éste y otros delitos.
Debe recordarse que, en el contexto
descrito, el Gobierno de la Nación se ha visto obligado a adoptar medidas con
objeto de garantizar el cumplimiento de la Ley en la Comunidad Autónoma de
Cataluña en base a las
instrucciones de la Fiscalía para impedir la celebración del referéndum ilegal
y de acuerdo también a lo previsto en el artículo 38.2 de la Ley
Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que contempla la intervención de
Policía y Guardia Civil en el mantenimiento del orden público.
Las explosiones de violencia a las que nos hemos
referido tienen que ver con los llamados delitos de odio y son incompatibles con
cualquier sistema democrático. No tiene cabida, por tanto, ningún tipo de
actitud violenta o coacción con el fin de defender un posicionamiento político
o ideológico. La
violencia es simplemente violencia, sin que quepa justificación alguna
atendiendo a la finalidad pretendida por sus autores o impulsores, por lo que
todos los ciudadanos, y especialmente los representantes públicos, deben estar
unidos en la condena de toda violencia, sin disculpar o minimizar en ningún
caso hechos que puedan atentar contra la libertad y la integridad de las
personas.
Es deber y obligación de todos los partidos democráticos
rechazar y condenar rotunda y sistemáticamente cualquier comportamiento de
naturaleza violenta -independientemente de la
ideología en que se amparen- así como cualquier acción justificativa de los
mismos, y mostrar su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los
ciudadanos. Es injusto e
intolerable que se les trate como enemigos cuando los guardias civiles y los
policías nacionales son servidores públicos que cumplen con la responsabilidad
de garantizar la libertad de todos y el libre ejercicio de nuestros derechos.
Los hombres y mujeres que integran estos
Cuerpos están
comprometidos con la seguridad de España y de los españoles, y dedican sus
vidas a salvaguardar la convivencia, la seguridad y la tranquilidad de sus
conciudadanos, mereciendo por ello el cariño, la admiración y el respeto del
conjunto de la sociedad española. Es por ésta y por otras muchas razones por
las que la Policía Nacional y la Guardia Civil son las dos instituciones
públicas que más confianza generan según figura en el barómetro del CIS del año
2015, pues gracias a su servicio diario estamos consiguiendo que España sea en
la actualidad uno de los países más seguros del mundo.
Por todo ello, el Grupo Municipal
Popular eleva al Pleno la siguiente
PROPOSICIÓN:
El Ayuntamiento de San Fernando de
Henares manifiesta:
1.
Su apoyo y respaldo incondicional a
la Policía Nacional y la Guardia Civil en su labor de defensa y protección de
los derechos y libertades de todos los ciudadanos y, especialmente, y desde la
legalidad constitucional, de la soberanía nacional, el Estado de Derecho, la
democracia y la convivencia entre los españoles.
2.
Su condena al acoso sistemático al
que sus miembros están siendo sometidos mediante actos violentos,
independientemente de la ideología en que se amparen, así como cualquier tipo
de acción o declaración que justifique, ampare o minusvalore dichos actos,
rechazando en consecuencia toda conducta antidemocrática que atente contra la
convivencia en paz y libertad y que trate de socavar los fundamentos de nuestra
democracia.
Además, insta al conjunto de las Instituciones españolas a:
3.
Utilizar con determinación y firmeza,
así como desde la proporcionalidad y oportunidad, todos los mecanismos que, en
defensa de la soberanía del pueblo español y del interés general de España, le
atribuyen la Constitución y las Leyes.
4.
Actuar, con las herramientas del
Estado de Derecho, contra las iniciativas que pretendan, desde la ilegalidad y
contra la voluntad democrática del conjunto del pueblo español, conculcar
nuestro marco constitucional y la unidad de España.
Para su conocimiento se acuerda
finalmente, trasladar esta petición al Presidente y a la Vicepresidenta del
Gobierno de España, a los Ministros de Justicia y de Interior del Gobierno de
España, a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios del Congreso y del Senado,
a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios de la Cámara autonómica, y a la
Junta de Gobierno de la FEMP.
En
San Fernando de Henares, 13 de octubre
de 2017.
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